Los costos del rezago en telecomunicaciones

May 28, 2018

Por casi tres décadas, en el anochecer del siglo XX, el país fue pionero en el desarrollo de las telecomunicaciones. Así fue, fuimos el país de América Latina con más teléfonos fijos por habitante, mantuvimos una cobertura realmente excepcional en el territorio y generamos, el tráfico de voz por usuario más alto de todo el continente americano. El ICE, en su dimensión de telecomunicaciones, con su visión de cobertura nacional y de bajo costo, fue garante de este proceso que permitió poner al país en los primeros lugares de los rankings de tecnología de la Unión Mundial de Telecomunicaciones.

 

Con la llegada de la internet y los desafiantes procesos de generaciones tecnológicas 2G y 3G, el país logró importantes avances en materia de acceso y de uso del celular inteligente en sus primeras versiones y la penetración del internet en las familias y nuevas industrias, sobre todo en el área metropolitana. Lamentablemente los procesos de corrupción en el ICE empezaron a crear desaciertos y la incapacidad de manejar, como empresa pública, la nueva ola de innovación que se venía con el mundo de las comunicaciones inteligentes. Sin embargo, con la llegada de los nuevos procesos de desarrollos 4G y 5G, casi por obra de magia, el país dio un giro en reversa en su desarrollo digital. ¿Cuáles han sido las razones de dicho rezago? y ¿qué consecuencias tiene sobre el bienestar?, de eso trata esta columna de hoy.

 

La razón del retroceso ha sido la equivocada regulación del oligopolio de telecomunicaciones al amparo de las reformas auspiciadas en el marco del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos. Una reforma regulatoria y de segmentación de mercados que ha propiciado un mercado capturado por los grandes operadores de telefonía celular, que mantiene hoy en día un sobreprecio de hasta 100 veces el costo en trasmisión de datos y que discrimina, en contra del usuario final. Todo lo anterior, a puesto un freno al desarrollo digital del país y está generando un obstáculo mayúsculo al desarrollo del país en este siglo XXI. La principal consecuencia de todo esto, es una violenta exclusión digital en el país y un encarecimiento mayúsculo de los nuevos servicios de telecomunicaciones, sobre todo los servicios de datos, principal motor de la industria hoy en día.

 

Hemos de entender, que la internet es un mercado integrado, la demanda favorece la oferta y viceversa, la oferta favorece nueva demanda de servicios. Al encarecerse el costo y limitarse el acceso a la internet, el sistema de modernización digital carece de nuevos contenidos, dado que la demanda de datos es cara y cada vez más segmentada, producto del control de los operadores oligopólicos en el sistema de precios, mientras que la oferta apenas se mueve, muy discriminada por lo que las compañías quieran ofrecer a cada segmento de mercado. Empero, los reportes de avance en el mundo digital nos muestran a una Costa Rica que se queda rezagada en las grandes reformas del mercado, al amparo de una SUTEL sin mayor influencia regulatoria, dedicada más a la publicación de estadísticas y la gestión del FONATEL, con muy escasa incidencia en la calidad y con nula capacidad de gestión del proceso de mercado.

 

Dicha instancia pública, inoperante e incapaz SUTEL desde la perspectiva regulatoria, con poco o nada que decir, al haber sido cómplice de los desmanes regulatorios de las compañías que ahora sí tienen al consumidor a sus pies, es una instancia inerte e impotente. Dicha institucionalidad deberá ser reformada a profundidad para atenuar las consecuencias de la captura regulatoria al mismo tiempo que se transfiera sus competencias de ejecución de FONATEL al Ministerio rector en materia de telecomunicaciones, es decir, al MICIT.

 

Eso sí, al ser el consumo de datos un bien superior, los costarricenses estamos pagando sumas exorbitantes por estar conectados, lo que ha generado ingresos abultados para los operadores de telecomunicaciones en los últimos dos años. En el mundo de los hogares y las empresas, la dinámica regional ha empezado a ser dominada por consorcios locales entre las empresas de cable y los operadores grandes del sector. El cable ha ganado la ventaja al permitir una mayor estabilidad y calidad de los servicios de banda ancha. Este proceso de agrupamiento de las empresas tampoco ha sido regulado, por lo que las tarifas de costo de internet y los servicios complementarios empiezan a subir, proporcionalmente a lo vivido en otras realidades.

Lamentablemente los beneficios de una tecnología que avanza al galope se miran de a poquito, casi como, si fuéremos en tortuga compitiendo con una gacela. De no hacer algo pronto, los costos de usar la internet y las ventajas del mundo digital, que son el bien público por excelencia del siglo XXI, serán entregados a cuentagotas a una sociedad ansiosa de contar con los mismos. Si no cambiamos el estado de las cosas, nuestra ventaja país para ser un exportador neto de servicios digitales pasará a la historia.

 

Abaratar la internet y generalizar su uso es y deberá ser una tarea pública, es el bien más significativo que tenemos en este siglo XXI, es tan o más importante de lo que fueron la electricidad o la cobertura de agua potable en el siglo XX. Esta tarea de hacer llegar la internet de banda ancha a todos y es algo fundamental en lo que debería ser la reforma social de mayor alcance en este siglo XXI. Hablaremos de ella en la próxima columna, el martes que entra.

 

Dr. Leiner Vargas Alfaro

 

 

 

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